Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Violentos ataques en Cauca y Valle del Cauca dejan un muerto y varios heridos. Grupos armados ilegales utilizan explosivos y francotiradores. Se intensifica la presencia militar en la zona.

Una ola de violencia sin precedentes ha azotado el suroccidente colombiano en las últimas horas, dejando un saldo lamentable de un policía asesinado y al menos nueve heridos. Los departamentos de Cauca y Valle del Cauca son los más afectados, con ataques que van desde atentados con explosivos hasta el uso de francotiradores. La situación ha generado una profunda preocupación a nivel nacional e internacional, especialmente por el uso indiscriminado de la fuerza y la afectación de la población civil. La inestabilidad en la región se exacerba con la confirmación de la presencia de grupos narcoterroristas.


El hecho más grave ocurrió en Caloto, Cauca, donde un policía murió tras recibir un disparo de un francotirador en lo que se describe como un “plan pistola”. Simultáneamente, se registraron múltiples ataques en Cali, incluyendo tres explosiones en diferentes puntos de la ciudad. En otras localidades como Corinto, Toribío, Timbiquí, Buenos Aires, Jamundí y Buenaventura también se reportan hostigamientos y la presencia de grupos armados ilegales. Las autoridades han confirmado el uso de carros bomba, granadas y cilindros explosivos.


No hay declaraciones oficiales atribuyendo los hechos a grupos específicos, pero la presencia de narcoterroristas de las FARC ha sido confirmada en la vía a Corinto. La Alcaldía de Cali ha llamado a la calma a través de un comunicado oficial, instando a la ciudadanía a no propagar información no verificada y a confiar en las autoridades. La fuerza pública ha reforzado su presencia en las zonas afectadas y se encuentran realizando investigaciones para dar con los responsables de estos actos de violencia.


Esta escalada de violencia pone de manifiesto la compleja situación de seguridad en Colombia y la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de seguridad en las zonas más vulnerables. La capacidad operativa de los grupos armados ilegales queda en evidencia, mostrando una grave amenaza a la paz y la estabilidad de la región. La respuesta efectiva del gobierno y la cooperación internacional son claves para mitigar esta situación y proteger a la población civil. Se hace necesaria una reflexión profunda sobre las causas estructurales que alimentan este conflicto y la implementación de soluciones que promuevan la justicia social y la paz duradera.