Por: karol Yulieth Lopéz león

La excongresista Aída Merlano Rebolledo ha sido condenada a más de tres años de prisión por su sonada fuga de 2019. El caso pone de manifiesto desafíos en la seguridad penitenciaria y la rendición de cuentas.

Medellín, 5 de diciembre de 2025 – La excongresista Aída Merlano Rebolledo fue sentenciada a 42 meses y un día de prisión este viernes, tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La condena responde al delito de fuga de presos, derivado de su mediática evasión ocurrida el 1 de octubre de 2019. Este veredicto cierra un capítulo importante en un caso que ha capturado la atención pública por sus implicaciones en la institucionalidad.

Merlano Rebolledo, quien ya cumplía una condena de 15 años por otros delitos, fue la protagonista de una fuga que puso en entredicho la eficacia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Delitos contra la Administración Pública, lideró la investigación que culminó en este preacuerdo. Un juez de conocimiento formalizó la pena, reforzando el mensaje sobre la responsabilidad penal ante tales acciones.

Los registros fílmicos y pruebas de la Fiscalía detallaron cómo Merlano, durante una cita odontológica en Bogotá, recibió una maleta de sus hijos. Con una cuerda extraída de ella, la amarró a un mueble y descendió por una ventana del segundo piso. En la calle, un motociclista la esperaba, confirmando la tesis de la Fiscalía sobre una acción premeditada y con apoyo externo. Su posterior huida a Venezuela y su deportación en marzo de 2023 añaden capas a esta compleja historia.

Este caso va más allá de la condena individual, planteando serias interrogantes sobre la seguridad en las instituciones penitenciarias y la integridad de los procesos judiciales en el país. La fuga de una figura pública con apoyo externo sugiere vulnerabilidades que demandan revisión profunda y reformas sistémicas. La decisión judicial reafirma el principio de que nadie está por encima de la ley, un pilar fundamental para la confianza ciudadana en la administración de justicia.