Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Tras 18 días de secuestro, Lyan José Hortúa, de 11 años, fue liberado por su familia, no por una acción estatal, en un contexto de asesoramiento por funcionarios del gobierno.

El 4 de mayo, Lyan José Hortúa fue secuestrado en una zona rural de Colombia, presuntamente por disidencias de las FARC. La falta de avances significativos en las investigaciones llevó a los funcionarios del Estado a sugerir a la familia del niño que considerara la negociación directa con los captores. Esta situación desembocó en una operación de rescate financiada y organizada por sus propios familiares, sin intervención directa de las autoridades.

La prima de Lyan, quien jugó un papel crucial en las negociaciones, logró establecer contacto con los secuestradores y finalizar el acuerdo para su liberación. "Nos sentimos abandonados por el Estado; tuvimos que actuar por nuestra cuenta para traer a Lyan de vuelta", expresó el tío del niño, un médico local que prefirió mantener su nombre en reserva. La familia, ahora endeudada, enfrenta una difícil recuperación económica tras el pago del rescate.

Lyan fue entregado a unos campesinos en una zona apartada, quienes a su vez lo pusieron en manos de la Defensoría del Pueblo. Este hecho subraya la complejidad y los riesgos del secuestro en regiones controladas por grupos armados ilegales. La familia criticó abiertamente la falta de apoyo gubernamental y la indiferencia mostrada por el presidente Petro, quien solo comentó el caso después de que Lyan fue liberado.

Este incidente plantea serias preguntas sobre la eficacia de las políticas de seguridad del Estado colombiano y la protección de los derechos humanos, especialmente de los niños en zonas de conflicto. La decisión de la familia de negociar directamente, aunque exitosa, destaca una preocupante dependencia de los ciudadanos en sus propios recursos ante la inacción gubernamental. Este caso podría impulsar un debate necesario sobre las estrategias de seguridad y el rol del gobierno en la protección de sus ciudadanos.