Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Una compleja investigación desmanteló una red de trata de personas que operaba en un bar de Bosa, Bogotá. Mujeres migrantes eran sometidas a explotación sexual, confinadas y endeudadas bajo condiciones infrahumanas, culminando en un exitoso rescate y la captura de los responsables.

Una alerta ciudadana a la Policía Metropolitana de Bogotá detonó una exhaustiva investigación que culminó con el desmantelamiento de una red de trata de personas en la localidad de Bosa. La intervención inicial de la Sijín y de Infancia y Adolescencia en un bar sospechoso, por posibles actividades de explotación sexual, fue clave. Esta primera verificación, con el posterior acompañamiento de la Secretaría de Seguridad, escaló a una investigación de varios meses.

Las inspecciones iniciales revelaron condiciones alarmantes: el bar funcionaba como una prisión, con varias mujeres viviendo encerradas y bajo constante supervisión. Su temor y resistencia a hablar con las autoridades, sumado a la ausencia de documentos de identidad –retenidos por los administradores–, encendieron todas las alarmas. Este patrón es común en casos de trata y sugiere control férreo. Algunas víctimas incluso presentaban características que hacían sospechar su posible minoría de edad.

La investigación reveló que la mayoría de las víctimas eran migrantes venezolanas, atraídas con falsas promesas de empleo formal como meseras en Bogotá. Una vez en el país, eran trasladadas a una vivienda y luego al bar, donde se les imponía una supuesta "deuda" por gastos de transporte y documentación. Esta deuda, que nunca disminuía, se convertía en un mecanismo de control implacable, justificando su permanencia obligada y la negación de su libertad.

Las condiciones de vida eran deplorables: hacinamiento, escasa alimentación y graves deficiencias de higiene, evidenciando la deshumanización del esquema de explotación. Tras ocho meses de seguimiento, las autoridades ejecutaron un operativo, logrando el rescate de las mujeres y la captura de los responsables, imputados por trata de personas, inducción a la prostitución y tortura. Las víctimas recibieron apoyo integral: asistencia médica, psicológica, alojamiento y acompañamiento judicial para restablecer sus derechos. Este caso se suma a las cuatro organizaciones desarticuladas en 2025, rescatando a más de diez víctimas, mostrando la efectividad de la articulación interinstitucional contra este flagelo.