Por: Katherine Cruz

El Ministerio del Interior lideró una sesión clave del CORMPE este miércoles, evaluando 21 casos de precandidatos. Se busca blindar el proceso democrático y garantizar la seguridad de quienes aspiran al Congreso en 2026.

Este miércoles, el Ministerio del Interior fue sede de la octava sesión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE). Liderado por la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal junto con la Dirección de Derechos Humanos y la Unidad Nacional de Protección (UNP), el encuentro abordó la seguridad. Su objetivo central es garantizar la integridad del proceso democrático de cara a las elecciones legislativas de 2026 y la seguridad de los precandidatos.

Durante la sesión, el CORMPE evaluó 21 casos de protección que involucran a precandidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, buscando mitigar los riesgos inherentes a su participación política. Además de las entidades organizadoras, participaron activamente la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Esta articulación interinstitucional conforma un robusto mecanismo de prevención y respuesta ante posibles amenazas. El Ministerio del Interior subraya la importancia de este frente común para la estabilidad democrática.

El CORMPE opera como una plataforma esencial para la coordinación y recomendación de medidas de protección electoral. Su funcionamiento asegura que todos los precandidatos puedan ejercer plenamente su derecho político, libres de intimidaciones y riesgos. Con esta iniciativa, el Estado colombiano refuerza su compromiso con unas elecciones transparentes y seguras. El objetivo es fomentar una participación ciudadana plena en la contienda venidera de 2026.

El contexto electoral colombiano para 2026 se presenta desafiante, con un entorno marcado por amenazas a la integridad, especialmente en diversas regiones del país. Informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) revelan que entre enero y abril de 2025 se registraron 128 hechos de violencia contra liderazgos políticos, de los cuales el 42% fueron agresiones letales. Ante esta realidad, el Estado colombiano está fortaleciendo sus mecanismos de garantías electorales y protección. La activación de estas instancias interinstitucionales es crucial para asegurar que el derecho político pueda ejercerse sin riesgos.