Por: Miguel Angel Trujillo

Desde Shanghái, el ministro Montealegre anunció un proyecto de ley para una Asamblea Constituyente en Colombia. Busca renovar instituciones, garantizar inclusión social y adaptar el Estado a los desafíos del siglo XXI bajo el gobierno Petro.

En un anuncio trascendental desde Shanghái, China, en 2025, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, reveló la entrega de un proyecto de ley del Gobierno nacional destinado a convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Esta iniciativa pretende una transformación profunda del Estado, buscando renovar sus instituciones y garantizar una inclusión social plena, adaptando el marco constitucional a los complejos retos del siglo XXI. El objetivo central es superar el bloqueo institucional que, según el Ejecutivo, ha frenado el avance de reformas y derechos sociales.

El ministro Montealegre enfatizó que esta propuesta marca el inicio de un camino hacia un salto cualitativo en la dignidad humana para Colombia. Subrayó que el proceso debe transitar por vías de diálogo democrático, descartando cualquier forma de violencia. Comparando el momento actual de Colombia con procesos históricos de otras naciones, como la Revolución Social de la República Popular China, el funcionario destacó la necesidad de modernizar la Constitución de 1991, que considera desactualizada en varios aspectos frente a las exigencias contemporáneas.

La iniciativa contempla la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter social, compuesta por 71 delegatarios. Se prevé una distribución paritaria entre hombres y mujeres, además de la inclusión explícita de representación para personas que no se identifican dentro del género binario. Montealegre insistió en que el destino de Colombia debe estar en manos de su pueblo, quienes, a través del ejercicio democrático, decidirán sobre este trascendental paso.

Este proyecto de ley, según el Gobierno del presidente Gustavo Petro, es una respuesta a las limitaciones que el modelo constitucional vigente presenta para adelantar reformas estructurales. Se erige como una alternativa viable para impulsar el programa social del primer gobierno de izquierda en la historia del país, buscando así derrotar lo que Montealegre calificó como la "gobernanza paramilitar del pasado" y construir una nueva constitución para el cambio social. El texto presentado es un punto de partida para una amplia deliberación pública sobre inclusión, equidad y transformación institucional.