jueves, 22 mayo 2025
Por: Miguel Angel Trujillo
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, cuestionó la imparcialidad de la fiscal en su juicio por presunta manipulación de testigos, alegando que se busca "fiscalizar al oponente".
En un juicio clave que se lleva a cabo en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta acusaciones de presunta manipulación y presión a testigos. Durante una audiencia reciente, Uribe expresó su descontento con la fiscal del caso, acusándola de perseguir políticamente a sus oponentes. Esta declaración se produjo en un momento crítico del proceso, marcado por el testimonio de Álvaro Hernán Prada Artunduaga, exrepresentante a la Cámara y actual magistrado del Consejo Nacional Electoral.
Prada, quien también es investigado por la Corte Suprema por hechos similares, defendió su integridad y la de Uribe durante su declaración, que se extendió por más de seis horas. Negó cualquier comportamiento ilegal y elogió al expresidente, destacando su "absoluto respeto y admiración" hacia él. Además, refutó las acusaciones hechas por Carlos Alberto López Callejas, alias Caliche, quien había implicado a Uribe en intentos de retractación del testigo Juan Guillermo Monsalve.
El contexto del juicio es complejo y está cargado de tensiones políticas. La defensa de Uribe ha intentado varias veces desacreditar las pruebas presentadas contra él, argumentando que son parte de una estrategia para debilitar políticamente al expresidente. Este caso ha captado la atención nacional e internacional, dado el perfil de Uribe y las implicaciones que podría tener para la política colombiana.
Este proceso judicial no solo es significativo por las figuras involucradas, sino también por lo que sugiere sobre el estado de la justicia en Colombia. La crítica de Uribe a la fiscal refleja una profunda desconfianza en el sistema judicial, algo que podría resonar entre sus seguidores y críticos por igual. Las próximas etapas del juicio serán cruciales para determinar no solo el futuro legal de Uribe, sino también para evaluar la capacidad de Colombia para manejar casos de alta relevancia política de manera justa y transparente.
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