Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de fraude procesal y soborno el 21 de octubre de 2025, revocando una condena inicial. La decisión destaca la insuficiencia probatoria.

El 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo que absuelve al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta trascendental decisión revoca la sentencia de primera instancia que lo había condenado a 12 años de prisión domiciliaria. El dictamen marca un hito en uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia reciente de Colombia.

La sentencia fue proferida con el magistrado Manuel Antonio Merchán como ponente, y contó con la participación de Alexandra Ossa. La magistrada María Leonor Oviedo se apartó de la decisión, reflejando el debate interno sobre el caso. La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, representó la acusación, mientras que la jueza Sandra Heredia fue quien dictó la condena inicial. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, había apelado la sentencia a favor del expresidente.

La defensa de Uribe, junto con la apelación de la Procuraduría General, llevó el caso a revisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. Tras un exhaustivo análisis de las pruebas, el cuerpo colegiado determinó que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para demostrar la culpabilidad del expresidente. Se señalaron, además, fallos en la valoración de las evidencias por parte de la jueza de primera instancia. El proceso estuvo marcado por la controversia sobre las supuestas gestiones con testigos, en las que estuvo implicado el abogado Diego Cadena.

Este veredicto no solo representa un giro definitivo en el caso contra Uribe, sino que también subraya la importancia de una valoración rigurosa e impecable de las pruebas en cualquier proceso judicial. La decisión reafirma los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, donde la carga de la prueba recae inequívocamente en la acusación. Para el sistema de justicia, el fallo del Tribunal Superior de Bogotá pone de manifiesto la necesidad de evitar errores que puedan comprometer la integridad y la credibilidad de las sentencias. Constituye un recordatorio de que la justicia debe basarse siempre en hechos irrefutables.