Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

Ángela María Buitrago renuncia como ministra de Justicia en Colombia, denunciando injerencias indebidas por parte de altos funcionarios.

El 16 de mayo de 2025, Ángela María Buitrago anunció su renuncia como ministra de Justicia de Colombia, alegando presiones e injerencias indebidas en su gestión, particularmente por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Este anuncio sacudió la política colombiana, dado que se produjo en un contexto de tensiones crecientes dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro.

Los protagonistas de esta controversia son figuras clave en el gobierno de Petro. Ángela María Buitrago, conocida por su firmeza en la defensa de la justicia y la legalidad, ha sido una figura prominente en la lucha contra la corrupción. Por otro lado, Armando Benedetti, un veterano en la política colombiana, ha sido una pieza central en la administración Petro, mientras que Angie Rodríguez ha jugado un papel importante en la coordinación de las políticas internas del gobierno.

Según Buitrago, su decisión de renunciar se debió a constantes interferencias en decisiones judiciales y políticas del Ministerio de Justicia, lo que ella consideró un atentado contra la autonomía de su cargo. En respuesta, el presidente Petro se pronunció rápidamente, desmintiendo las acusaciones y afirmando que la renuncia de Buitrago fue una solicitud directa de su oficina, instando a no acusar sin pruebas y defendiendo la integridad de sus colaboradores.

Este episodio revela no solo las fricciones dentro del gabinete de Petro, sino también plantea serias preguntas sobre la transparencia y la independencia de los ministerios en Colombia. La salida de Buitrago subraya la delicada línea que existe entre la gestión gubernamental y la influencia política, un tema que sin duda seguirá siendo de interés público y debate en el futuro político del país. La comunidad espera claridad y aseguramientos de que la justicia en Colombia opera libre de influencias indebidas, manteniendo la confianza en las instituciones del Estado.