Por: Miguel Angel Trujillo

La Procuraduría de Colombia investiga al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por presuntas fallas en la protección de miembros del Centro Democrático. La investigación se abrió tras una queja formal por la falta de refuerzos en esquemas de seguridad.

Bogotá, 09 de junio de 2025.- El director de la UNP, Augusto Rodríguez, enfrenta una investigación disciplinaria por presuntas omisiones en la seguridad de miembros del partido Centro Democrático. La decisión se tomó tras una denuncia formal que reclama la falta de respuestas a solicitudes de protección realizadas desde 2023.

La investigación se centra en las alegaciones de Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, quien asegura que la UNP no ha respondido de forma efectiva a las peticiones de refuerzo de la seguridad para sus afiliados. Si bien no se menciona directamente al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado reciente, el caso se inserta dentro de la preocupación general por la seguridad de figuras políticas de esa colectividad. La investigación busca determinar si hubo negligencia en el cumplimiento del deber por parte de la UNP.

La Procuraduría ha ordenado la práctica de pruebas para esclarecer los hechos y ha solicitado un informe detallado a la UNP en un plazo de diez días. Este informe deberá detallar las medidas tomadas, o la falta de ellas, en respuesta a las solicitudes de protección presentadas por el Centro Democrático. La investigación pone de relieve la necesidad de garantizar la seguridad de todos los actores políticos, independientemente de su filiación partidista.

La investigación abre un debate sobre la efectividad de la UNP en la protección de figuras públicas y la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Las posibles consecuencias para el director de la UNP podrían ir desde una sanción disciplinaria hasta una suspensión del cargo, dependiendo de los resultados de la investigación. El caso pone en evidencia la necesidad de una evaluación profunda del sistema de protección y la asignación de recursos para garantizar la seguridad de todas las personas bajo amenaza.