Por: Miguel Angel Trujillo

Jueza colombiana Sandra Heredia, quien condenó a Álvaro Uribe, recibe amenazas tras la sentencia. Fasol solicita medidas cautelares a la CIDH para garantizar su seguridad y la de su familia.

En un hecho que preocupa a la comunidad internacional por la independencia judicial en Colombia, el Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (Fasol) ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la implementación de medidas cautelares para proteger a la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda. La magistrada fue condenada a 12 años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno. Esta decisión ha generado una ola de amenazas e intimidaciones contra la jueza.


La jueza Heredia, titular del Juzgado 44 Penal de Bogotá, emitió el fallo el pasado 1 de agosto de 2025. Desde entonces, ha sido blanco de una campaña sistemática de desprestigio y amenazas directas contra su persona y su familia. Fasol ha denunciado públicamente estos hechos, destacando la gravedad de la situación y el peligro que representa para la independencia judicial en el país.


Entre los denunciados por Fasol se encuentran el propio expresidente Uribe, allegados a su círculo político, y un representante de un gobierno extranjero que la calificó públicamente como “una jueza radical”. Estas declaraciones, según la organización, han envalentonado los ataques en su contra, intensificando la situación de riesgo. El contexto de amenazas se enmarca en un clima político polarizado, donde la crítica a figuras poderosas suele ser reprimida.


El caso de la jueza Heredia pone de manifiesto la vulnerabilidad de los operadores de justicia que toman decisiones impopulares pero necesarias para el fortalecimiento del estado de derecho. La falta de protección adecuada podría generar un efecto disuasivo en otros jueces, comprometiendo la independencia judicial y la lucha contra la corrupción. La respuesta de la CIDH será crucial para garantizar la seguridad de la jueza y enviar un mensaje claro sobre la importancia de la protección a los defensores de derechos humanos y la justicia en la región.