Por: karol Yulieth Lopéz león

Tensión diplomática entre Colombia y Guatemala tras órdenes de captura contra funcionarios colombianos y posterior prohibición de ingreso de la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras.

El martes 3 de junio de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció la prohibición de ingreso a Colombia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Esta decisión, tomada durante un consejo de ministros televisado desde Bogotá, se produce como respuesta a la emisión de órdenes de captura por parte de la Fiscalía guatemalteca contra la fiscal general colombiana Luz Adriana Camargo y el embajador colombiano ante el Vaticano, Iván Velásquez. La medida fue oficializada por la canciller Laura Sarabia a través de un acto administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El contexto internacional se ve agravado por las sanciones previas impuestas a Porras por organismos internacionales.

El presidente Petro justificó la prohibición alegando que Porras "denostó de gente honesta colombiana y se burló de la dignidad colombiana", añadiendo acusaciones de vínculos con "amigos mafiosos". Por su parte, la fiscal general guatemalteca ha mantenido silencio público sobre la decisión del gobierno colombiano, mientras que la Fiscalía guatemalteca se limita a ratificar las órdenes de captura. Tanto Camargo como Velásquez han rechazado las acusaciones, argumentando persecución política por su trabajo en la lucha contra la corrupción.

Los hechos se desencadenaron con la emisión de las órdenes de captura en Guatemala. La respuesta inmediata de Petro fue la prohibición de entrada a Porras, elevando el conflicto a un nivel diplomático sin precedentes. La decisión colombiana refleja una postura firme contra lo que se considera una interferencia en la soberanía nacional y una represalia por acciones que buscan obstaculizar la lucha contra la corrupción. El rol de Iván Velásquez, exjefe de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y actual embajador, complica aún más la situación.

La prohibición de ingreso a Porras es una escalada significativa en la tensión entre Colombia y Guatemala. Las consecuencias podrían incluir una mayor ruptura diplomática, sanciones recíprocas y un deterioro en las relaciones bilaterales. El caso pone de manifiesto las dificultades para combatir la corrupción en la región y las tensiones entre la soberanía nacional y la justicia internacional, en un contexto regional complejo marcado por la lucha contra la impunidad.