Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció vía decreto una consulta popular, generando fuertes críticas y un terremoto político. El exministro Luis Carlos Reyes denunció la medida como un peligroso precedente.

El martes 3 de junio, Petro sorprendió al país al anunciar una consulta popular por decreto, alegando irregularidades en el Senado que impidieron su aprobación. La decisión ha generado una profunda división política, con fuertes críticas de la oposición y hasta de miembros de su propia coalición.

El anuncio presidencial, transmitido en cadena nacional, justificó la medida como necesaria para la expresión popular directa, argumentando la obstrucción de la clase política al proyecto. El mandatario responsabilizó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y a senadores como Édgar Díaz Contreras, por la supuesta manipulación de la votación del 14 de mayo. La decisión fue respaldada públicamente por el ministro del Interior, Armando Benedetti, considerado uno de los principales impulsores de la consulta.

La reacción del exministro Luis Carlos Reyes, a través de redes sociales, fue inmediata y contundente. Reyes comparó la decisión de Petro con la compra de votos que se le imputa a Ricardo Bonilla, exministro de Defensa, criticando la ética de “romper las reglas por una buena causa”. Sus palabras reflejan la creciente preocupación por la erosión de las instituciones democráticas.

La decisión de Petro, tomada tras el fracaso de la propuesta en el Senado, abre un debate crucial sobre el equilibrio de poderes y el respeto al marco legal. El recurso al decreto, dejando de lado el procedimiento legislativo, genera un peligroso precedente que podría ser usado en el futuro por otros gobernantes. Las consecuencias de esta acción podrían ser profundas y podrían contribuir a la inestabilidad política del país. La fractura dentro del gobierno y su antigua coalición se hace cada vez más evidente, amenazando la gobernabilidad.