Por: Katherine Cruz

El nuevo Peaje Laberinto en la vía Hobo-Gigante, Huila, opera con descuentos temporales desde el 10 de octubre. La posible eliminación progresiva de estas tarifas especiales genera inquietud en comunidades y gremios locales ante el temor de un encarecimiento del transporte y el comercio.

El viernes 10 de octubre de 2025, el Peaje Laberinto inició operaciones en el kilómetro 55+000 de la vital carretera que conecta Hobo y Gigante, en el departamento del Huila. Este nuevo punto de recaudo ha sido implementado con un sistema de tarifas diferenciadas según la categoría vehicular. Inicialmente, se ha establecido una tarifa especial de 2.100 pesos para los vehículos de categorías I y II. Estos precios reducidos, sin embargo, se han presentado como un descuento temporal que se prevé eliminar de forma progresiva con el tiempo.

La entrada en funcionamiento del peaje ha suscitado un abanico de opiniones entre las autoridades locales y la ciudadanía. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha informado sobre mesas de trabajo activas con comunidades y diversos actores del departamento. El objetivo es estudiar la implementación de una tarifa diferencial más amplia, que no se limite únicamente a los municipios directamente adyacentes al peaje. Desde el sector productivo y comunitario, algunos habitantes y gremios ya han manifestado su profunda preocupación.

La principal inquietud radica en el eventual retiro progresivo de estos descuentos temporales, que buscan suavizar el impacto inicial. Ciudadanos, entrevistados en medios locales, han advertido sobre las posibles repercusiones económicas. Temen que el peaje incremente significativamente los costos de transporte de bienes y personas. Esta situación podría afectar negativamente el comercio intermunicipal, impactando especialmente a las zonas rurales, que ya enfrentan desafíos económicos y menores ingresos.

La puesta en marcha del Peaje Laberinto, con sus descuentos iniciales, se configura como un mecanismo de transición para amortiguar el efecto inmediato en los usuarios. No obstante, la perspectiva de la eliminación gradual de estas exenciones genera una considerable incertidumbre en la población local y sectores productivos. Las futuras discusiones entre la ANI, las autoridades municipales y los ciudadanos serán cruciales para definir el modelo de operación a mediano plazo y establecer posibles mecanismos de compensación o ajustes. El verdadero desafío reside en lograr un equilibrio entre garantizar el mantenimiento adecuado de la vía y evitar afectaciones económicas desproporcionadas para quienes dependen diariamente de este corredor vial.