Por: Katherine Cruz

El rector Leopoldo Múnera acusa al Ministro de Educación de violar la autonomía universitaria al ingresar al campus de la Nacional en Bogotá pese a una orden de desalojo por amenaza de seguridad.

El pasado viernes 10 de octubre, la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, vivió una jornada de tensión que culminó con una grave denuncia por parte de su rector, Leopoldo Múnera. La institución se vio obligada a ordenar el desalojo preventivo del campus ante una amenaza de seguridad específica. Sin embargo, el Ministro de Educación ingresó al campus para un evento estudiantil, lo que fue calificado por Múnera como un "desconocimiento inaceptable de la autonomía universitaria".

En un enérgico pronunciamiento, el rector Múnera afirmó que la presencia del titular de la cartera educativa constituyó una afrenta directa a los principios de autogobierno académico. Previamente, la Rectoría y Vicerrectoría de la sede Bogotá habían emitido el Comunicado Conjunto N. 05, informando sobre la emergencia. Dicho documento establecía el "desalojo total del campus" y la "suspensión temporal de actividades presenciales" para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria.

La alerta se activó tras la difusión en redes sociales de "un mensaje que contiene una amenaza específica contra la seguridad del Campus de la Sede Bogotá". Ante la situación, la universidad notificó de inmediato a autoridades locales y nacionales como la Secretaría de Gobierno Distrital y la Defensoría del Pueblo para coordinar la verificación del riesgo. Si bien un acto cultural del 1 de octubre había sido previamente autorizado, la Rectoría comunicó a sus organizadores la necesidad de suspenderlo o modificarlo tras la amenaza del día 10.

Este incidente subraya la delicada balanza entre la defensa de la autonomía universitaria y la prioridad institucional de garantizar la seguridad de sus miembros. La Universidad Nacional, bajo la dirección del rector Múnera, defendió la legalidad del acto cultural original del 1 de octubre. Sin embargo, enfatizó que la medida del 10 de octubre fue estrictamente preventiva, coordinada con entidades públicas y orientada a abordar un riesgo potencial que aún estaba bajo investigación oficial.