Por: Katherine Cruz

Tres personas, entre ellas dos militares activos, fueron judicializadas este martes en Bogotá por filtrar información sensible de seguridad nacional, comprometiendo operaciones contra el crimen organizado. La investigación revela un entramado de acceso irregular a datos clasificados, incluyendo información sobre el ‘Tren de Aragua’. La Fiscalía General de la Nación lideró las capturas con apoyo del Ejército y la Policía.

Este martes 24 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación desmanteló una red de filtración de información sensible en Bogotá y Cundinamarca. El operativo, realizado en conjunto con el Ejército y la Policía, resultó en la captura y judicialización de tres individuos. La gravedad del caso radica en la vulneración de la seguridad nacional y la potencial afectación de investigaciones en curso.

La investigación, iniciada meses atrás, se centra en el acceso irregular a información clasificada por parte de un grupo que incluía al mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y la civil Luisa Fernanda Salgado Fernández. Se presume que Salgado Fernández, haciéndose pasar por capitán, logró infiltrarse en el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5). Su acceso ilícito estuvo facilitado por la presunta colaboración de los militares imputados.

Salgado Fernández habría participado en reuniones, operativos y tenido acceso a información de alto nivel sobre casos contra organizaciones criminales como el ‘Tren de Aragua’. El sargento Padilla Villanueva, según la Fiscalía, facilitó su acceso a recursos militares, incluyendo equipos de comunicación y misiones con drones. Esta filtración habría afectado procesos judiciales, generando la alteración de evidencia y engañando a fiscales y jueces. La investigación continúa para determinar la magnitud del daño y la posible implicación de otras personas.

El entramado ilícito revela una preocupante vulnerabilidad en la seguridad nacional. La imputación por concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal, refleja la gravedad de los delitos cometidos. Este caso resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad y control de acceso a información sensible, así como la importancia de la cooperación interinstitucional para combatir la corrupción y proteger la integridad de las investigaciones. Las posibles consecuencias de este acto podrían incluir la impunidad para grupos criminales y la erosión de la confianza pública en las instituciones.