Por: Katherine Cruz

La Fiscalía confirmó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario a Camilo Andrés Molina Bernal y Maritza Santanilla Sánchez, detenidos con 301 kilos de marihuana en Piamonte, Cauca, en un vehículo hurtado.

En un reciente avance judicial, la Fiscalía General de la Nación logró que un juez impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Camilo Andrés Molina Bernal y Maritza Santanilla Sánchez. Esta decisión se toma tras la captura de la pareja, señalada de transportar una considerable cantidad de estupefacientes en el departamento del Cauca. La acción subraya el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico en zonas estratégicas del país.

Molina Bernal y Santanilla Sánchez fueron imputados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y receptación, en un proceso llevado por la Fiscalía de Mocoa, Putumayo. A pesar de las acusaciones, ninguno de los implicados aceptó los cargos presentados en su contra durante las audiencias. Este escenario es común en casos de crimen organizado, donde los detenidos suelen negar su participación.

La detención de la pareja ocurrió el pasado 30 de octubre en el sector de Miraflores, una zona rural del municipio de Piamonte, Cauca. Se movilizaban en una camioneta que, tras ser inspeccionada por el Ejército Nacional, reveló un cargamento ilegal. El vehículo contenía 283 paquetes de marihuana, distribuidos en seis sacos, sumando un total de 301 kilogramos de la sustancia ilícita. Adicionalmente, se confirmó que la camioneta utilizada para el transporte había sido reportada previamente como hurtada, añadiendo otro cargo a los implicados.

Este incidente resalta la persistencia de las rutas del narcotráfico en el sur del país y la complejidad de las operaciones ilícitas que se valen de vehículos robados. La incautación de esta droga representa un golpe significativo a las finanzas de las redes criminales que operan en la región. Las autoridades continúan vigilando y actuando para desmantelar estas estructuras, protegiendo así la seguridad y bienestar de las comunidades afectadas por este flagelo.