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Poder & Política

jueves, 24 julio 2025

Lo que se conoce hasta ahora sobre la zona binacional entre Colombia y Venezuela

Por: Miguel Angel Trujillo

Maduro y Petro anunciaron un ambicioso acuerdo para crear una zona económica binacional en la frontera colombo-venezolana, generando un debate nacional sobre soberanía y desarrollo. El acuerdo incluye a La Guajira, Cesar y Norte de Santander.

Colombia y Venezuela dieron un paso significativo hacia la integración fronteriza con el anuncio de una zona especial de cooperación económica y social. Este acuerdo, impulsado por los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, abarca regiones estratégicas de ambos países, prometiendo beneficios en comercio, salud y educación, pero también generando fuertes críticas.

El presidente Maduro destacó la participación de potencias como China, India, Rusia y Turquía en la iniciativa. La ministra colombiana de Comercio, Diana Marcela Morales, enfatizó el objetivo de un desarrollo "inclusivo y sostenible". Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe alertó sobre una posible pérdida de soberanía, mientras que el presidente Petro lo calificó como una estrategia para combatir las mafias. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, garantizó la presencia de las fuerzas armadas para mantener el orden y la legalidad.

El acuerdo, aún en sus etapas iniciales, establece un grupo de trabajo binacional para la coordinación y seguimiento. Se espera impulsar el comercio, la inversión extranjera y la producción agroalimentaria. Sin embargo, la falta de detalles concretos sobre la implementación y la regulación de la zona preocupa a sectores de la oposición y genera incertidumbre en la población.

Este acuerdo representa un cambio audaz en la relación entre Colombia y Venezuela, buscando superar años de tensión fronteriza. Si bien el potencial económico es significativo, la falta de transparencia y las preocupaciones sobre la soberanía nacional requieren un seguimiento minucioso. El éxito dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para gestionar las expectativas, asegurar la participación equitativa de las comunidades locales y garantizar el respeto a la ley. El debate, pues, continuará en los próximos meses.

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