Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desestimó la tutela interpuesta por el antiguo secretariado de las FARC, manteniendo en firme el juicio por secuestro en su contra. La decisión asegura el avance del proceso hacia una sentencia.

La Sección de Revisión de la JEP declaró improcedente la solicitud de los exjefes guerrilleros, argumentando que el proceso se encuentra en una etapa previa a la sentencia. Esto implica que aún existen instancias para resolver las controversias. La decisión se basa en el caso 01, que involucra crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante el conflicto armado.


En enero de 2021, la JEP imputó a los exmiembros del secretariado de las FARC –Rodrigo Londoño Echeverry (Timochenko), Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar— por secuestros masivos. La JEP enfatizó que "privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación... fue un crimen de guerra". El incumplimiento de la responsabilidad por estos crímenes puede conllevar condenas de hasta 20 años de prisión.


El proceso se centra en el trato inhumano recibido por los secuestrados, incluyendo homicidios, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. La JEP ha destacado la gravedad de los testimonios de las víctimas, especialmente aquellos referentes a menores de edad y mujeres. La decisión de la JEP reafirma su compromiso con la justicia transicional, priorizando la verdad y la reparación a las víctimas dentro del marco de la justicia restaurativa. La falta de reconocimiento de responsabilidad por parte de los acusados podría retrasar el proceso de paz y reparación.