Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El general (r) Juan Miguel Huertas enfrenta una crucial investigación de la JEP por su presunta relación con casos de “falsos positivos” en Antioquia, un proceso que examina la responsabilidad de altos mandos. Este escrutinio renueva el debate sobre la rendición de cuentas en las fuerzas militares.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene una activa investigación contra el general (r) Juan Miguel Huertas por su presunta implicación en el horrendo fenómeno de los “falsos positivos”. Este delicado proceso se centra en su desempeño como capitán del Ejército, específicamente en casos ocurridos en el departamento de Antioquia. Su vinculación con estos crímenes contra la humanidad subraya la profunda necesidad de verdad y justicia para las víctimas en Colombia.

Entre 2002 y 2013, el entonces capitán Huertas se desempeñó como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N°4. La JEP lo ha vinculado al Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Recientemente, el Ministerio de Defensa solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP actualizar su información sobre órdenes de captura y antecedentes vigentes relacionados con el exgeneral.

Los “falsos positivos” implican la ejecución extrajudicial de civiles, presentados falsamente como guerrilleros caídos en combate para inflar cifras operacionales y obtener beneficios. La investigación actual busca establecer el grado de conocimiento y responsabilidad del general Huertas en estos hechos atroces, ocurridos bajo su liderazgo en el batallón. Aunque el caso sigue activo, ha pasado a manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, marcando una nueva fase en el complejo expediente.

Si bien la justicia previamente declaró a Huertas como no máximo responsable en el macrocaso, la JEP debe ahora determinar su grado de participación o responsabilidad en los "falsos positivos" cometidos por la unidad que comandó. Esta fase es crucial para decidir si se procede con la renuncia a la persecución penal o si se imponen sanciones por su rol. El desenlace de esta investigación es fundamental para las víctimas y para consolidar la rendición de cuentas dentro de las fuerzas militares, reafirmando el compromiso del Estado con la justicia transicional.