Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Exembajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez, denuncia persecución política desde Guatemala tras orden de captura internacional. El gobierno colombiano rechaza la medida.

El exministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, enfrenta una orden de captura internacional emitida por Guatemala. Esta decisión, solicitada por la justicia guatemalteca a Interpol, se produce luego de su destacada labor al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La solicitud de captura también incluye a la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y otros exfuncionarios. La medida ha generado una fuerte respuesta del gobierno colombiano, que la ha rechazado tajantemente.


Velásquez, actualmente embajador de Colombia ante el Vaticano, denunció públicamente la persecución a través de su cuenta en X. “La corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí”, afirmó. El exministro ha reiterado en varias ocasiones que esta persecución es una represalia por su trabajo en la CICIG, que logró importantes avances contra la corrupción en Guatemala. Sus declaraciones reflejan una profunda preocupación por el estado de la justicia en Guatemala.


La orden de captura, emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala, se basa en acusaciones aún no especificadas públicamente. Esta situación ha generado una crisis diplomática entre Colombia y Guatemala, exacerbada por el hecho de que la fiscal general guatemalteca ha sido previamente catalogada como corrupta por el Departamento de Estado de Estados Unidos y sancionada por la Unión Europea. La inmunidad diplomática de Velásquez como embajador colombiano protegería al funcionario de cualquier medida de captura inmediata.


La persecución contra Velásquez, junto con la de otros exfuncionarios de la CICIG, abogados y periodistas, representa una preocupante escalada en la lucha contra la corrupción en Guatemala. El hecho de que la fiscal general guatemalteca, señalada por corrupción, esté detrás de la orden de captura, evidencia la fragilidad de las instituciones judiciales guatemaltecas y el riesgo que corren los defensores de la transparencia y el Estado de Derecho en el país. La situación podría generar tensiones geopolíticas más amplias y afectar la cooperación regional en la lucha contra la corrupción. El legado de la CICIG bajo el liderazgo de Velázquez, que incluyó la judicialización de numerosos casos de corrupción, queda como un símbolo de la lucha contra la impunidad en la región.