sábado, 11 octubre 2025
Por: Katherine Cruz
Un rector de un internado rural en Cumaribo, Vichada, fue capturado por presuntas agresiones contra seis estudiantes indígenas, cuatro de ellas menores. La Fiscalía confirmó la medida carcelaria.
Un grave caso de vulneración a la integridad ha conmocionado a la comunidad de Cumaribo, Vichada. El rector de un internado rural fue capturado y enviado a prisión por presuntas agresiones contra seis de sus estudiantes. Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad, todas integrantes de una comunidad indígena. Los hechos habrían ocurrido dentro del centro educativo entre 2024 y 2025, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.
La detención del directivo ha generado una profunda preocupación social. Se trata de una figura de autoridad que habría traicionado la confianza y vulnerado la integridad de jóvenes en condición de especial protección. El caso es particularmente delicado por la pertenencia étnica de las víctimas. Las autoridades han enfatizado la necesidad de un enfoque diferencial en la investigación de este tipo de flagelos.
La investigación reveló que el señalado se habría aprovechado de su posición de liderazgo para ejercer control. También se valió de presuntas amenazas hacia las estudiantes y sus familias para mantener el silencio. El hombre habría aludido a supuestos contactos con actores armados ilegales para intimidar y evitar denuncias. Estas graves revelaciones surgieron tras una serie de quejas atendidas con un vital enfoque diferencial, dadas las características de las víctimas.
Como resultado de la rápida acción de las autoridades, el rector fue capturado en Puerto Carreño por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Posteriormente fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de agresión agravada y comportamiento indebido con menores. A pesar de que el procesado no aceptó los cargos, se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta decisión busca garantizar la protección de las víctimas y la transparencia del proceso judicial en curso, reforzando el compromiso con la justicia para los más vulnerables.
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