Por: karol Yulieth Lopéz león

El gobierno de Gustavo Petro anunció el decreto para una consulta popular sobre la reforma laboral, a pesar de su rechazo en el Senado. La decisión genera una crisis institucional y un debate jurídico crucial.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó la inminente publicación del decreto, desafiando la decisión del Senado. El Ejecutivo argumenta irregularidades en la votación senatorial, mientras la oposición amenaza acciones legales. La consulta busca respaldar la controvertida reforma laboral, especialmente su artículo 37.


El 14 de mayo, el Senado rechazó la propuesta de consulta por un estrecho margen. Sin embargo, el gobierno, liderado por el presidente Petro, considera que fallas procedimentales invalidan la votación. Este argumento se basa en la presunta falta de lectura previa de la proposición, tal como lo establece el artículo 125 de la Ley Quinta de 1992. El anuncio del decreto, hecho el 3 de junio, pone en evidencia la profunda grieta entre el Ejecutivo y el Legislativo.


Las figuras clave en esta controversia son el presidente Petro, el ministro Benedetti, el presidente del Senado Efraín Cepeda y la Corte Constitucional. Cepeda ha prometido acciones legales si el decreto se emite. La relatoría de la Corte, aunque no vinculante, indica que el Ejecutivo necesita la aprobación del Senado. La reforma laboral, particularmente el artículo 37 sobre el trabajo por horas, es el centro del conflicto, generando la oposición de centrales obreras que lo consideran un retroceso en derechos laborales.


Este enfrentamiento evidencia la tensión política y jurídica en Colombia. La decisión de Petro desafía los equilibrios institucionales, abriendo la puerta a un potencial enfrentamiento institucional y a un debate profundo sobre la separación de poderes. La consulta popular, si finalmente se realiza, tendrá implicaciones significativas, no solo para la reforma laboral, sino para el futuro del sistema democrático colombiano. El enfoque progresista del gobierno choca con la resistencia institucional, planteando un escenario de incertidumbre.