Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

La Fiscalía de Colombia halló posibles inconsistencias en la hoja de vida de Laura Sarabia, actual canciller, durante una inspección en la Casa de Nariño.

El 12 de mayo de 2025, la Fiscalía General de la Nación descubrió discrepancias en los documentos presentados por Laura Sarabia para su posesión como canciller de Colombia. Durante una revisión rutinaria en la Casa de Nariño, sede del gobierno en Bogotá, se encontró que Sarabia había listado en su currículum el cargo de "jefe de Gabinete", posición que fue eliminada en diciembre de 2022 y reemplazada por la jefatura de Despacho Presidencial.

Laura Sarabia, quien asumió como canciller recientemente, y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que detectó la irregularidad, son los principales actores en este escenario. Mauricio Lizcano, exdirector del Dapre y quien firmó el decreto de cambio de nombre del cargo, también está implicado en la revisión de estos documentos.

La investigación no solo se centra en la posible falsedad en documento público sino que también abarca acusaciones más graves como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Estas acusaciones ponen en duda la transparencia del proceso de nombramiento de Sarabia y su legitimidad como funcionaria pública.

Este caso destaca la importancia de la precisión y la legalidad en la administración pública. Los detalles que pueden parecer menores son cruciales para la integridad de los procesos gubernamentales y la confianza pública en sus líderes. La situación de la canciller Sarabia subraya la necesidad de una rigurosa verificación y transparencia en los nombramientos a altos cargos del Estado, especialmente en un contexto de investigaciones penales por delitos graves.