Por: Miguel Angel Trujillo

Fiscalía colombiana acusa a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, de lavado de activos y tráfico de influencias en el escándalo de la Ungrd, relacionado con el desvío de fondos públicos. Se le acusa de entregar 3.000 millones de pesos al exsenador Iván Name.

La investigación de la Fiscalía involucra un complejo esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La exfuncionaria, según las acusaciones, jugó un papel central en el desvío de fondos. El caso sacude a la política colombiana y revela fallas en la gestión pública.


El escándalo se centra en la presunta entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al exsenador Iván Name, actualmente detenido. La Fiscalía sostiene que Ortiz recibió el dinero de exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y lo transportó utilizando vehículos oficiales. López ha aceptado colaborar con la justicia a cambio de un principio de oportunidad, ofreciendo información sobre otros implicados.


El dinero, según la investigación, provenía del desvío de fondos destinados a la compra de 40 carrotanques para La Guajira. La acusación contra Ortiz se presenta como un paso crucial en la desentrañación de una red de corrupción que implica a numerosos funcionarios de alto nivel. La exconsejera, por su parte, ha declarado temer por su vida y ha denunciado presiones para silenciarla.


La acusación contra Ortiz revela la gravedad de la corrupción en el manejo de recursos públicos destinados a la gestión de riesgos y el impacto en las poblaciones vulnerables. Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública colombiana, y promueve un debate sobre la necesidad de mayores medidas anticorrupción para garantizar la correcta utilización de los recursos públicos. El juicio, si llega a celebrarse, podría exponer la magnitud de la red de corrupción y sus ramificaciones.