Por: Miguel Angel Trujillo

Un tribunal en Colombia admitió una demanda contra dos entidades del Estado por presunto uso político de sus redes sociales, generando debate sobre la transparencia en la comunicación gubernamental.

En Colombia, durante 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió a estudio una significativa demanda. La acción legal se interpuso contra el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano. Se les acusa de utilizar indebidamente sus redes institucionales para difundir mensajes a favor del Gobierno Nacional, planteando serias dudas sobre la imparcialidad estatal. Esta decisión abre un importante debate sobre la gestión de la información pública.

La Fundación FedeColombia fue la entidad interponente de esta demanda crucial. Esta organización cuestiona específicamente publicaciones donde ambas entidades replicaron pronunciamientos del presidente Gustavo Petro. Las declaraciones presidenciales abarcaban temas sensibles como la descertificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas y supuestas irregularidades en la Nueva EPS. Ante la controversia, el presidente Petro defendió la acción afirmando: “Mi Educación es Gobierno y el Servicio Geológico es Ejecutivo, y el presidente es el jefe del Estado por voto popular, y lo popular es el dueño de Colombia”.

Según la demanda presentada por FedeColombia, las publicaciones en cuestión no son un mero ejercicio informativo. Por el contrario, constituyen un presunto uso indebido de la publicidad oficial. Esta práctica estaría expresamente prohibida por el Estatuto Anticorrupción vigente en Colombia. La replicación de mensajes presidenciales en redes oficiales de entidades técnicas y educativas, alega la fundación, desdibuja los límites entre la promoción gubernamental y la comunicación institucional objetiva.

La admisión de esta demanda marca un precedente relevante para la transparencia y la ética en la función pública colombiana. Subraya la tensión entre el derecho del gobierno a comunicar sus acciones y la obligación de las instituciones de mantener neutralidad política. Este caso podría redefinir los parámetros del uso de las redes sociales por parte de las entidades estatales. Su desenlace tendrá consecuencias significativas para las normas democráticas y la rendición de cuentas en la administración.