Por: karol Yulieth Lopéz león

Cuatro décadas después de la toma del Palacio de Justicia, la justicia colombiana lucha por identificar a sus víctimas, revelando una impactante realidad de tumbas equivocadas y revictimización.

El 6 de noviembre de 1985, el corazón del poder en Colombia se convirtió en el epicentro de 28 horas de horror. El Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, fue reducido a escombros por violentos combates entre Ejército y guerrilla, y por tres incendios devastadores. Cuarenta años después, la justicia colombiana aún no ha establecido la verdad completa de lo ocurrido. Sin embargo, en la última década, se han intensificado los esfuerzos para identificar a las casi 100 víctimas mortales de este holocausto, reabriendo heridas y revelando realidades perturbadoras.

La angustia que por años parecía exclusiva de las familias de los doce desaparecidos históricos se ha multiplicado. Afortunadamente, los restos de Lucy Amparo Oviedo, Luz Mary Portela León, Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán, Gloria Anzola de Lanao y Cristina Guarín han sido finalmente entregados a sus seres queridos, muchos de los cuales murieron esperando este momento. No obstante, para decenas de otras familias, la revelación ha sido aún más dolorosa: sus tumbas conmemorativas contenían restos ajenos, una cruel forma de revictimización extendida por casi cuatro décadas.

Entre 2015 y 2018, la Fiscalía ordenó exhumaciones masivas que revelaron un entramado de identificaciones erróneas. Se descubrió que los restos de Luz Mary Portela, auxiliar de cafetería, reposaban en la tumba de Libia Rincón Mora, y los de Héctor Jaime Beltrán en la del magistrado Julio César Andrade. Casos aún más complejos emergieron, como el hallazgo de Cristina del Pilar Guarín en la tumba de Marina Isabel Ferrer, donde solo se encontraron los huesos de los pies de esta última. En un giro macabro, la tumba del agente Libardo Durán contenía los cuerpos de guerrilleros, siendo sus propios restos hallados en una fosa común. Estos ejemplos, junto a otros de cuerpos mezclados o de sexo incorrecto, como en los sepulcros de Pedro Elías Serrano y Rosalba Romero, subrayan el inicial y trágico desorden en el manejo de las víctimas.

El holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en medio de una Colombia asediada por el narcoterrorismo y el conflicto armado, se erige como un símbolo de la justicia esquiva y la memoria fragmentada. La persistencia de las familias en su búsqueda de verdad, muchas de las cuales han convertido su dolor en resistencia, interpela profundamente a la sociedad y al sistema judicial. Cuarenta años después, la herida no ha sanado, y la lucha por identificar a cada víctima y desentrañar los misterios de lo sucedido sigue siendo un imperativo para la reconciliación y la construcción de una memoria histórica más justa y completa.