Por: Miguel Angel Trujillo

La Corte Constitucional de Colombia ha ordenado la suspensión de las mesas de trabajo sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por falta de participación ciudadana.

Bogotá, 13 de mayo de 2025. La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una orden al Ministerio de Salud y Protección Social para suspender durante 30 días las mesas de trabajo encargadas de calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esta decisión se debe a la insuficiente inclusión de la ciudadanía en el proceso, una práctica que va en contra de los mandatos de la Constitución Política del país.

La resolución fue tomada por la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, compuesta por los magistrados José Fernando Reyes, Vladimir Fernández y Miguel Polo Rosero. Ellos destacaron que, aunque el Ministerio inició las mesas técnicas, no ha logrado una participación efectiva de todos los sectores interesados, lo que incluye organizaciones médicas, gremios económicos y asociaciones de pacientes.

El auto judicial subraya la necesidad de revisar y ajustar el funcionamiento de estas mesas para garantizar una participación más equitativa y representativa. Se espera que durante el periodo de suspensión, el Ministerio realice las modificaciones necesarias para asegurar que todos los actores relevantes puedan contribuir adecuadamente al proceso de determinación de la UPC.

Este fallo responde a las preocupaciones expresadas por varias organizaciones, incluyendo la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Procuraduría General de la Nación, quienes argumentaron que la falta de transparencia y dilación en el proceso compromete la efectividad y justicia del sistema de salud. Con esta medida, la Corte busca no solo rectificar el curso de estas mesas de trabajo, sino también reafirmar la importancia de la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas que afectan el bienestar de la población.

Esta decisión es un paso significativo hacia la mejora de la gobernanza en el sector salud, enfatizando la necesidad de un proceso más inclusivo y transparente que respalde los derechos de todos los ciudadanos a tener voz en las decisiones que afectan sus vidas. La Corte ha sentado un precedente claro sobre la importancia de la participación ciudadana en la gestión de políticas públicas, especialmente en un sector tan crucial como el de la salud.