Por: Miguel Angel Trujillo

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha emitido órdenes de captura contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle por presuntas irregularidades en la UNGRD.

El 7 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia tomó una decisión trascendental al ordenar la captura de Iván Name y Andrés Calle Calle, ambos congresistas de alto perfil. La medida se enmarca en una investigación por supuestas irregularidades en la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una entidad clave para la administración de emergencias en el país.

Los implicados, Iván Name y Andrés Calle, quienes ocuparon las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes respectivamente, enfrentan acusaciones de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Las investigaciones se han intensificado tras las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, quienes han señalado directamente a los congresistas de recibir sumas millonarias ilegalmente.

De acuerdo con los documentos judiciales, se alega que Name recibió aproximadamente 3.000 millones de pesos, mientras que Calle habría obtenido 1.000 millones. Estos fondos estarían relacionados con maniobras para asegurar su apoyo a ciertas reformas promovidas por el Gobierno Nacional, lo que ha generado un escándalo de considerable magnitud en el ámbito político colombiano.

La situación actual plantea serias preguntas sobre la integridad de los procesos gubernamentales en Colombia, especialmente en lo que respecta a la asignación y manejo de contratos estatales. Este caso no solo pone en relieve la necesidad de una vigilancia y transparencia incrementadas, sino que también subraya la importancia de la justicia en la lucha contra la corrupción.

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