Por: Katherine Cruz

Excongresista del Centro Democrático, Gustavo Londoño García, fue sentenciado a 66 meses de prisión y una multa por compra de votos en las elecciones de 2018. A pesar de la condena, obtuvo prisión domiciliaria e inhabilitación por el mismo periodo.

En un fallo histórico para la lucha contra la corrupción política en Colombia, la Corte Suprema de Justicia condenó al exrepresentante a la Cámara, Gustavo Londoño García, perteneciente al Centro Democrático. Esta decisión sienta un precedente importante en la búsqueda de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema político. La condena, por la compra de votos durante las elecciones de 2018, representa un duro golpe contra las prácticas clientelistas.


Londoño García fue acusado de entregar supuestos títulos académicos sin validez legal a cambio de votos. La investigación, llevada a cabo por la Corte Suprema, reveló un esquema fraudulento que comprometió la legitimidad del proceso electoral. No se han revelado públicamente declaraciones de Londoño al respecto de la sentencia. La Corte señaló la gravedad del delito, impactando la confianza ciudadana en las instituciones.


El esquema fraudulento se implementó durante las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018, permitiendo a Londoño obtener un escaño en el Congreso para el periodo 2018-2022. La investigación demostró la entrega de beneficios materiales a cambio de votos, una práctica que socava los principios democráticos de libertad y sufragio universal. El fallo de la Corte resalta la importancia de sancionar este tipo de prácticas corruptas.


La condena a 66 meses de prisión y una multa equivalente a 501 salarios mínimos, aunque significativa, se vio atenuada por la concesión de prisión domiciliaria al excongresista. Su inhabilitación por el mismo periodo de la condena genera un debate sobre la efectividad de las sanciones en la disuasión de futuras acciones corruptas. Este caso destaca la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en el sistema electoral colombiano y promover una cultura de respeto a la ley.