Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

En un paso crucial para la paz, la Corte Constitucional de Colombia admitió una demanda contra el Decreto Ley 902 de 2017. La acción, interpuesta por la ANT, busca asegurar la justicia agraria y acelerar la Reforma Rural Integral para campesinos.

La Corte Constitucional de Colombia admitió en octubre de 2025 una demanda trascendental para el futuro de la justicia en el campo. En su sede de Bogotá, la alta corporación decidió estudiar la acción interpuesta contra el Decreto Ley 902 de 2017. Este decreto regula el Procedimiento Único para los procesos agrarios especiales, pieza clave para la distribución de tierras y la implementación del Acuerdo de Paz.

La demanda fue interpuesta por Juan Felipe Harman Ortiz, director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Harman Ortiz argumenta que la fase judicial actual ante jueces civiles vulnera principios fundamentales, como el del juez natural. Es la Corte Constitucional quien ahora tiene la responsabilidad de ponderar estos argumentos y definir el rumbo. La decisión es esperada con gran expectativa por campesinos y comunidades rurales, principales beneficiarios del acceso a tierras contemplado en el Acuerdo Final de Paz.

La acción busca que se condicione la constitucionalidad del decreto, pues se alega que el actual manejo de los litigios agrarios por jueces civiles es inadecuado. Según la ANT, esta situación vulnera el principio del juez natural y frena drásticamente la implementación de la Reforma Rural Integral. Dicha reforma es un pilar fundamental del Acuerdo de Paz, buscando corregir desigualdades históricas en la tenencia de la tierra. La demanda resalta la necesidad de una justicia especializada para resolver los complejos conflictos agrarios.

La demanda de la ANT refleja una urgencia creciente por poner en marcha la Jurisdicción Agraria, prometida en el Acuerdo de Paz. Esta jurisdicción especializada es vista como esencial para garantizar una justicia efectiva y oportuna en materia de tierras. La decisión que adopte la Corte será determinante para el avance de la Reforma Rural Integral y el cumplimiento del Acuerdo. Definirá, en última instancia, quién debe resolver los conflictos agrarios mientras se logra la creación formal de dicha jurisdicción, impactando directamente la vida de miles de campesinos.