Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El reciente aumento salarial del 7% acordado para los trabajadores del Estado también incrementará los ingresos de los congresistas a más de $52 millones mensuales.

Un acuerdo laboral firmado el pasado 30 de abril entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales del sector público ha resultado en un aumento salarial del 7% para los empleados estatales. Este ajuste, aplicado automáticamente por normativa vigente, eleva los salarios de senadores y representantes a la Cámara de $48 a más de $52 millones mensuales. Este incremento de $3.360.000 no requirió votación adicional, siendo una consecuencia directa del sistema salarial del Estado.

La noticia ha generado diversas reacciones. El exsenador Gustavo Bolívar criticó duramente el aumento en redes sociales, destacando la disparidad con los trabajadores de menores ingresos. Por su parte, María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, calificó el incremento de "chiste", reflejando la percepción de desconexión entre los ingresos de los políticos y la realidad económica del país.

El aumento no fue un punto negociado específicamente para los congresistas, sino una consecuencia de la estructura salarial estatal. Cualquier mejora salarial acordada para los trabajadores públicos se refleja automáticamente en los sueldos más altos de la administración pública. Este mecanismo asegura que, sin participar en las negociaciones, los miembros del Congreso se beneficien de los mismos ajustes salariales.

Este sistema ha provocado un creciente descontento entre la ciudadanía, que ve cómo los salarios de sus representantes legislativos crecen automáticamente cada año, mientras que las propuestas para limitar estos ingresos no avanzan en el Congreso. La situación subraya la necesidad de una reforma que desvincule los beneficios de los políticos de los aumentos destinados a los trabajadores públicos de base, buscando una mayor equidad y transparencia en la remuneración estatal.