Por: Miguel Angel Trujillo

El Gobierno colombiano expresó su rechazo a la decisión de Nicaragua de conceder asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. La Cancillería pidió al país centroamericano reconsiderar su postura y permitir que el exfuncionario responda ante la justicia.

El Gobierno colombiano expresó su más enérgico rechazo a la decisión de Nicaragua de conceder asilo político a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Esta decisión se produce en el contexto de una investigación por corrupción relacionada con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucra el desvío de millonarios fondos públicos. El caso ha generado una fuerte controversia a nivel nacional e internacional.


González Merchán es señalado por la Fiscalía colombiana de desviar fondos destinados a la gestión de riesgos. Según las investigaciones, el exfuncionario habría abandonado el país mientras se desarrollaban las pesquisas en su contra. La Cancillería colombiana, en un comunicado oficial, recalcó la violación del Tratado de Extradición de 1929 entre ambos países. Las autoridades colombianas reiteraron su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción.


El asilo político fue otorgado por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, un país con un historial de tensas relaciones con la justicia internacional. González Merchán se encuentra actualmente en territorio nicaragüense, dificultando su extradición y el acceso a la justicia colombiana. Este suceso ha generado un debate en torno a la soberanía nacional y la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad.


Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción. La negativa de Nicaragua a extraditar a González podría generar tensiones diplomáticas entre ambos países, debilitando las iniciativas regionales para combatir la impunidad en casos de corrupción de gran envergadura. La falta de cooperación internacional en estos casos socava los esfuerzos globales para promover la justicia y la rendición de cuentas, un obstáculo significativo para el desarrollo de una gobernanza global progresista.