Por: Miguel Angel Trujillo

El Consejo de Estado ordena al Gobierno colombiano la gratuidad en matrículas y grados universitarios públicos. Miles de estudiantes se verán beneficiados.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia falló a favor de la gratuidad en universidades públicas. La decisión obliga al Gobierno a reglamentar la medida en seis meses, asegurando el acceso a la educación superior para todos.

Este histórico fallo, emitido el 14 de julio de 2025, representa un avance significativo en la lucha por la educación superior gratuita e inclusiva en Colombia. La orden judicial responde a una acción de cumplimiento interpuesta por el abogado Camilo Forero, quien buscaba garantizar la aplicación de las leyes 2367 y 2391 de 2024, que contemplan la gratuidad en estos aspectos. Esta decisión sienta un precedente importante para el acceso a la educación superior para jóvenes de bajos recursos.

El abogado Forero celebró el fallo, afirmando que esta medida permitirá que miles de jóvenes accedan a la educación superior sin la barrera económica que representan las inscripciones y los derechos de grado. "Este es un triunfo para la justicia social y para el futuro de Colombia", declaró Forero, destacando el impacto positivo que tendrá en la movilidad social. La decisión obliga a la Presidencia y al Ministerio de Educación a trabajar conjuntamente para implementar la reglamentación en el plazo establecido.

El fallo se origina en una demanda que recorrió instancias judiciales, iniciando en el Tribunal Administrativo del Huila. La decisión del Consejo de Estado implica la necesidad de una reglamentación detallada que defina los procedimientos y las excepciones para la aplicación de la gratuidad. Este proceso requerirá la coordinación entre diferentes entidades gubernamentales y la participación de las universidades públicas.

La implementación de esta medida podría generar un aumento en la demanda de cupos en las universidades públicas, lo que representa un desafío para el sistema educativo colombiano. Sin embargo, también podría incentivar nuevas inversiones en infraestructura y recursos humanos, promoviendo un crecimiento más equitativo y sostenible del sector educativo. A largo plazo, se espera que esta decisión contribuya a reducir las desigualdades sociales y a fortalecer el capital humano del país.