Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 207 títulos de predios públicos en Bolívar, beneficiando escuelas, centros de salud y otras infraestructuras en Montes de María. Este acto simboliza avances en la construcción de paz y acceso a servicios básicos.

En un evento simbólico en el Museo de Memoria de Mampuján, la ANT formalizó la entrega de los títulos. La titulación permite la inversión pública en infraestructura crucial para mejorar la calidad de vida de las comunidades, impulsando el desarrollo regional. El acto marcó un hito en la reparación de las víctimas del conflicto armado.


La entrega, realizada esta semana, abarcó los municipios de Maríalabaja, Córdoba, Magangué, Margarita, Barranco de Loba, San Martín de Loba y Morales. El director de la ANT, Juan Felipe Harman, destacó la importancia de esta acción para atraer inversión y construir paz en la región, afirmando que "se abre la puerta a la inversión en los territorios". El alcalde de María La Baja, Ramiro González Mancilla, coincidió en la importancia de estos títulos para el desarrollo local y la transformación de las comunidades.


Testimonios de líderes comunitarios como Juana Ruiz, del colectivo Tejedoras por la Paz de Mampuján, y Jenifer Peña, habitante del corregimiento Pueblo, resaltaron la significancia de la titulación para la reparación de daños y la mejora de servicios esenciales como salud y educación. Ambas destacaron el impacto positivo en sus comunidades, especialmente para la generación de oportunidades para los niños y jóvenes. El evento, realizado en Mampuján, un lugar marcado por una masacre paramilitar en 2000, representó un significativo paso hacia la reparación y la reconciliación.


La distribución de los 207 títulos benefició principalmente instituciones educativas (101), parques y canchas (38), y centros de salud (27). Esta iniciativa de la ANT se enmarca en el plan del Gobierno del Cambio de fortalecer la educación rural, con más de 450 instituciones educativas tituladas entre 2024 y 2025. La inversión en infraestructura básica, impulsada por la seguridad jurídica que otorgan los títulos de propiedad, promete un desarrollo sostenible y equitativo en la región, contribuyendo a la construcción de paz y a la superación de las secuelas del conflicto armado.