Por: karol Yulieth Lopéz león

Proyecto de Acuerdo 097 de 2025, que prohíbe el consumo de drogas en espacios públicos de Bogotá, fue aprobado en primer debate. La concejal Diana Diago impulsa la iniciativa, criticando la gestión del alcalde Galán.

El Concejo de Bogotá dio un paso significativo en la lucha contra el consumo de drogas en espacios públicos. Tras un largo debate, la Comisión de Gobierno aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo 097 de 2025, una iniciativa que busca regular y restringir el consumo de sustancias psicoactivas en zonas estratégicas de la ciudad. Este proyecto, impulsado por la concejal Diana Diago del Centro Democrático, busca complementar el Decreto Distrital 825 de 2019, expandiendo las zonas libres de consumo.

La concejal Diago ha sido una férrea defensora del proyecto, afirmando que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha sido permisiva con el consumo de drogas, lo que ha incrementado el microtráfico. Diago declaró: "Llamamos la atención desde inicios de 2024 sobre la necesidad de actuar con contundencia. Este proyecto busca proteger a nuestros niños, jóvenes y familias de los riesgos asociados al consumo de drogas en lugares públicos". Hasta el momento, la administración distrital no ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones.

El proyecto, que establece zonas libres de drogas alrededor de instituciones educativas, centros deportivos, hospitales y estaciones de transporte público, se sustenta en la necesidad de proteger la salud pública y la seguridad ciudadana. La iniciativa propone sanciones, amparadas en el Código Nacional de Policía, para quienes incumplan la normativa. Su aprobación en primer debate representa un avance importante, aunque aún requiere la aprobación de los demás debates en el Concejo.

La aprobación del proyecto de Acuerdo 097 de 2025 refleja una creciente preocupación por la problemática del consumo de drogas en espacios públicos de Bogotá. Si bien la iniciativa enfrenta críticas y debates, su avance en el Concejo demuestra un compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. La implementación efectiva dependerá de la articulación entre las instituciones, la inversión en programas de prevención y la colaboración de la comunidad. Su éxito a largo plazo dependerá de una estrategia integral que combine la regulación con programas de atención social y rehabilitación.