Por: karol Yulieth Lopéz león

El Ministerio de Justicia investiga si miembros de inteligencia estatal están detrás del asalto a la casa de Angie Rodríguez y la 'chuzada' al celular del ministro Armando Benedetti, buscando posibles fines políticos. Un tercer episodio también está bajo verificación.

La estabilidad democrática en el país se ve amenazada por una serie de incidentes que apuntan a la posible injerencia de inteligencia estatal. El Ministerio de Justicia ha confirmado una profunda investigación tras un asalto y una presunta interceptación ilegal de comunicaciones. Estos eventos han generado una seria preocupación dentro del propio gobierno, elevando las alarmas sobre la integridad de las instituciones. Se busca esclarecer si estos actos buscan desestabilizar la administración actual.

Entre los afectados se encuentran la saliente directora del Dapre, Angie Rodríguez, cuya residencia fue asaltada, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien denunció el 'chuzado' de su teléfono con el sofisticado software Pegasus. El Ministro de Justicia, a través de Andrés Idárraga, ha revelado que se evalúa la participación de miembros de la inteligencia estatal en estos y un tercer episodio aún no detallado. Idárraga enfatizó la importancia de determinar si estas acciones tienen como objetivo desprestigiar a funcionarios con claras motivaciones políticas y electorales.

Veinticuatro horas después de que Angie Rodríguez hiciera pública la violación de su domicilio, y en un contexto de creciente polarización política, la denuncia de Benedetti añadió una capa de gravedad a la situación. La sospecha de uso del software Pegasus, conocido por sus capacidades de espionaje avanzado, eleva el calibre de la amenaza. Este tipo de herramientas, generalmente restringidas a agencias estatales, sugiere una sofisticación que trasciende la delincuencia común. La verificación de un tercer incidente refuerza la hipótesis de un patrón coordinado.

Desde el propio gobierno Petro, la preocupación es palpable, no descartando la implicación de aparatos de inteligencia con fines desestabilizadores. La posible utilización de recursos estatales para socavar la confianza en funcionarios públicos representa un grave atentado contra la democracia y la privacidad individual. La investigación en curso es crucial para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos civiles en un estado de derecho. El compromiso con la verdad es fundamental para salvaguardar el progreso democrático.